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ACUERDO DE ESCAZÚ, TODOS LOS DETALLES

03 de Mayo del 2021 | 2 min lectura| SabrinaPin
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El instrumento jurídico que marca un hito en derechos ambientales y humanos para América Latina y El Caribe.

 Dra: Luciana C. Lambertucci

El 22 de abril de 2021 -fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Madre Tierra-, entró en vigor el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, el cual ha sido ratificado por nuestro país.

¿Por qué es tan relevante?

Tal como lo indica su Artículo 1º, el Acuerdo ha sido adoptado con el fin de garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.

En su prefacio, Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), señala que “se trata de un acuerdo visionario y sin precedentes”, en el que se reconocen los derechos de todos “aquellos que tradicionalmente han sido excluidos o marginados o han estado insuficientemente representados”, con el compromiso “de dar voz a quienes no la tienen, sin dejar a nadie atrás”.

Acceso a la información 

En lo que respecta al acceso a la información ambiental, los Artículos 5º y 6º del Acuerdo establecen que deberán garantizarse tanto el derecho del público de acceder a la información ambiental que está en su poder, como el deber de las autoridades competentes de poner a disposición y difundir la información ambiental relevante para sus funciones.

Respecto a la participación pública, se destaca su importancia en los procesos de toma de decisiones de proyectos relativos a asuntos ambientales de interés público, de manera que las observaciones realizadas sean debidamente consideradas, remarcando los esfuerzos que las autoridades públicas deberán realizar para incluir activamente a grupos específicos y en situación de vulnerabilidad.

Y, en lo que hace al derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales, se establecen las condiciones para su ejercicio conforme con las garantías del debido proceso, tanto en la administración como en la justicia en sí misma, ya sea por defectos en los derechos de acceso a la información pública y/o de participación, o por daños ambientales.

Por último, cabe destacar que el Acuerdo de Escazú es el primer tratado internacional que incluye disposiciones que consagran protección para los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. Así, su Artículo 9º prescribe que deberá garantizarse un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas ni restricciones, debiendo adoptarse todas las medidas apropiadas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones sufridas en el ejercicio de los derechos contemplados en el Acuerdo.

Argentina, actor clave en el proceso de negociación previo a la adopción del Acuerdo, posee un amplio desarrollo legislativo en materia de acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales.

La puesta en marcha del Acuerdo de Escazú busca fortalecer la democracia ambiental de América Latina y El Caribe, constituyendo para los países de la región, una nueva oportunidad para equilibrar las dimensiones ambiental, social y económica en las que se erige el desarrollo sostenible.

Para consultar el documento completo del Acuerdo de Escazú, podés descargarlo acá

Comisión Económica para América Latina (CEPAL)

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