APROBARON LA LEY DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA CAMBIO CLIMÁTICO

Anoche miércoles 20 de noviembre de 2019, la Cámara de Diputados de la Argentina aprobó la Ley de Presupuestos Mínimos para la Mitigación y adaptación al Cambio Climático lo cual sugiere un compromiso a nivel gubernamental en la lucha contra la crisis climática, con estrategias, medidas, políticas e instrumentos relativos al estudio del impacto, la vulnerabilidad y las actividades de adaptación al cambio climático. Habrá que ver cómo se compatibiliza (si esto fuera posible) con los proyectos que la nueva administración del gobierno nacional tendrá en la explotación de Vaca Muerta.

Según trascendió, el presidente electo de la Argentina, Alberto Fernández, tendría un proyecto de ley para proteger las inversiones en la vasta formación en el que contempla exclusiones de los controles de capitales e importantes beneficios fiscales, entre otros incentivos.

En la última sesión del año, la cámara de Diputados convirtió en ley la iniciativa que institucionaliza la lucha contra la crisis climática en la Argentina. El proyecto obtuvo 163 votos a favor y ninguno en contra. Además, hubo ocho abstenciones.

De hecho, al celebrar la sanción de la Ley, el mismo Solanas agradeció a los grupos en sus redes sociales: “Gracias a @jovenesclimarg y la @AlianzaxelClima, a todos los que marcharon y se movilizaron durante todos estos años para hacer esto posible”, indicó.

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El secretario de Ambiente, Sergio Bergman, celebró también la decisión de los legisladores. En un mensaje compartido en sus redes sociales, expresó: “¡Una noticia muy importante! Se aprobó la Ley de Presupuestos Mínimos de #CambioClimático. De esta manera, se formalizará el trabajo implementado en el Gabinete Nacional de Cambio Climático, creado en 2016 y coordinado a nivel técnico por la secretaría de Ambiente”.

Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientalistas también celebró la iniciativa y destacó el hecho de que las provincias deberán seguir la línea de la administración nacional: “Al ser una ley de presupuestos mínimos de protección ambiental, que está basada en el artículo 41 de la Constitución Nacional, establece su obligatoriedad también para las provincias. Con esta ley van a tener que tener sí o sí políticas sobre el cambio climático".

Además, el proyecto establece expresamente el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas (tanto globales como nacionales) así como el de prioridad en las políticas públicas hacia los sectores más vulnerables.”

Gabriela Cerruti, diputada del Frente para la Victoria, indicó al respecto: “Una vez más les jóvenes nos marcaron el camino. Una nueva marea verde salió a la calle, nos enseñó que el futuro es ahora y se metió en el palacio. Nos exigen que demos una respuesta y tenemos que estar a la altura, ser parte de la solución, trabajar en pos de que se comprenda que un modelo productivo sustentable es posible. Todavía nos falta mucho camino por recorrer. La Ley es una excelente noticia, pero no contempla el rol de las provincias ni define fondos específicos. Esto no es un tema menor: Tenemos la obligación de garantizar que las normas puedan implementarse y convertirse efectivamente en políticas públicas concretas. Para profundizar en esta dirección, tenemos la esperanza de que la agenda ambiental sea central a partir del 10 de diciembre”.

Para Enrique Maurtua Konstantinidis, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales la sanción de la Ley “es un hito”: “Es algo fundamental, esto es un hito por la institucionalización del trabajo climático. Es importante mencionar que esta ley habrá que seguir trabajando en complementarla con otras; la crisis climática es un tema tan amplio y abarca a tantos sectores que una sola ley no los contempla. Esto se consiguió además con aportes de muchos sectores y muchos partidos y es muy valioso en un momento con el actual en donde se necesita construir consensos democráticamente”.

LOS PUNTOS CENTRALES DE LA NORMA:

• Da un respaldo más sólido a la institucionalización del Gabinete Nacional de Cambio Climático, actualmente vigente mediante el Decreto 891/2016.
• Crea el Consejo Asesor Externo del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, que deberá ser convocado por el Gabinete y cuyos miembros deberán ser: científicos, representantes de organizaciones ambientales, comunidades indígenas, universidades, entidades académicas y empresariales, sindicatos, centros de investigación públicos y privados, representantes de partidos políticos con representación parlamentaria.
• Establece la obligación de todos los organismos del Poder Ejecutivo Nacional de aportar la información necesaria para la aplicación de la Ley.
• Crea el Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático, para transparentar el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero y el monitoreo de las medidas de mitigación.
• Determina que todos los datos y documentos relacionados con la aplicación de la ley deben ser información pública ambiental, de acuerdo con las leyes 25.831 y 25.675

VACA MUERTA

El proyecto del próximo gobierno para explotar el yacimiento.

El proyecto de ley que prepara el equipo económico del presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, para proteger las inversiones en la vasta formación Vaca Muerta contempla exclusiones de los controles de capitales e importantes beneficios fiscales.

Las medidas que se están evaluando incluyen libre acceso a divisas extranjeras para las empresas petroleras y gasíferas e incentivos para lograr exportaciones constantes de GNL, incluida una suspensión temporal de aranceles, según el periódico local La Nación.

Mientras los productores de gas tienen dificultades por cubrir la demanda durante los meses de invierno entre junio y agosto, durante el resto del año deben encontrar fórmulas para despachar gas adicional, almacenarlo o reducir la producción en un mercado con sobreoferta.

El mercado argentino de petróleo de esquisto podría desarrollarse por sí solo eliminando la innecesaria intervención del Estado, aseguran los analistas, pero el equipo económico de Fernández estima que el mercado del gas enfrenta problemas más complejos que necesitan soluciones específicas.

ESTRATEGIA DE GNL

Para aprovechar al máximo Vaca Muerta, que contiene mucho más gas que petróleo de esquisto, se requiere estimular tanto al mercado como a los precios para que las inversiones a gran escala sean atractivas, por lo que se estarían considerando incentivos para construir una planta de licuefacción de US$5.000mn, probablemente en la ciudad portuaria de Bahía Blanca.

En el pasado varias compañías expresaron interés en construirla, incluida la estatal YPF. Sin embargo, la instalación tendría un costo mucho mayor que todo su gasto de capital anual, por lo que es esperable que varias empresas se asocien para el proyecto. Como se anticipa que la nueva administración, que asumirá el cargo el 10 de diciembre, cambiará la plana directiva de YPF, probablemente la empresa pueda encabezar el proyecto.

Una gran planta de licuefacción ayudaría a destrabar grandes mercados internacionales, como Asia y Europa, y estimularía el desarrollo a gran escala, con lo que bajaría el costo unitario de producción de gas. El proyecto de ley eliminaría los aranceles a la exportación de GNL tanto a nivel federal como provincial y suspendería los impuestos a los sellos en cualquier contrato relacionado con la construcción de una planta licuefactora. El proyecto de ley también propone reducir del actual 12% a un 5% las regalías de la producción de gas destinado a GNL durante los primeros 10 años y a un 10% en los 10 años siguientes. Por otra parte, se plantea convertir los contratos con compradores de GNL en no interrumpibles, es decir, solo los despachos que excedan el volumen contractual podrán ser interrumpidos por el gobierno en caso de excesiva demanda interna.

La propuesta también establecería un marco contractual de 25 años, prorrogable a través de una mayor inversión, además de una serie de resguardos para los inversionistas y otros actores de la cadena de valor.

Estos quedarían excluidos de cualquier forma de control de capital y tendrían plena libertad para utilizar moneda extranjera obtenida de exportaciones, además de tener la posibilidad de repatriar ganancias. Lo mismo se aplicaría a los controles cambiarios y las empresas podrán comprar y vender divisas libremente.

La ley garantizaría estabilidad tributaria durante la vigencia del contrato, con lo cual los gobiernos federales y provinciales no podrían modificar impuestos, introducir otros gravámenes o eliminar los beneficios fiscales previamente establecidos. Si se altera la estabilidad fiscal, las partes afectadas tendrán derecho a exigir una indemnización total e inmediata, según propone el borrador.

La exploración quedaría sujeta a deducciones fiscales inmediatas y las inversiones en producción, plantas, equipos, ductos e infraestructura podrán optar a depreciación acelerada.

Fuente: Periodistas por un Planeta/ Infobae/ Bnamericas .