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BROTE DE MALARIA EN EL AMAZONAS

10 de Diciembre del 2020 | 2 min lectura| Escritores
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Líderes del pueblo Munduruku confirman la propagación de casos en Jacareacanga por la minería ilegal. También denuncian que la actividad solo ha traído “violencia, prostitución, destrucción, contaminación, deforestación, amenazas de muerte y conflicto”.

Por Roberto Andrés para Sustentartv

La minería ilegal ha provocado un brote de malaria en territorios indígenas de Brasil. Líderes del pueblo Munduruku confirmaron al medio especializado Mongabay la propagación de casos de malaria en las áreas de los ríos Tropas, Cabitutu, Katõ, Karapanatuba y el territorio indígena del Sai Cinza, todos ubicados en la jurisdicción de Jacareacanga, en el estado amazónico de Pará.

El 4 de noviembre las autoridades municipales de este distrito enviaron una carta al Instituto Evandro Chagas, centro de medicina tropical que opera bajo el paraguas del Ministerio de Salud de Brasil, solicitando asistencia para hacer frente a un “gran brote de malaria en áreas especiales”. La misiva también advertía: “A medida que los mineros viajan de una mina a otra, la malaria también se está propagando a áreas de otras minas en tierras no indígenas”.

Los territorios indígenas de Jacareacanga son objeto de la minería ilegal del oro. Según Amazonía Minada, proyecto de Info Amazonía, hay 167 solicitudes mineras presentadas a la Agencia Nacional de Minería (ANM), a pesar de que la Constitución de Brasil prohíbe esta actividad en tierras indígenas. De estas solicitudes, el 95 % son para la extracción de oro.

Los líderes Munduruku enviaron a finales de agosto una carta al Ministerio Público de Pará para denunciar el avance de la minería en sus tierras, señalando que la actividad solo ha traído “violencia, prostitución, destrucción, contaminación, deforestación, amenazas de muerte y conflicto”.

Según datos estatales de salud pública, esta región de la Amazonía es la única parte del estado de Pará que ha experimentado un aumento en los casos de malaria desde el año pasado. Un médico perteneciente a la Secretaría Especial de Salud Indígena, una agencia federal dependiente del Ministerio de Salud, declaró que había tratado a mineros ilegales de la región por malaria en varias ocasiones: “Siempre representa un riesgo de transmisión al pueblo Munduruku”.

“Los mineros de oro son hospedadores de mosquitos transmisores de la malaria. Además, la población de mosquitos aumenta significativamente en ambientes húmedos e inundados, como las minas en la selva amazónica”, declaró.

El 99 % de los casos de malaria en Brasil ocurren en la región amazónica. Desde el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de Brasil, el médico André Siqueira dijo que las áreas donde hay instalaciones mineras ilegales, a menudo precarias y sin mosquiteros ni repelentes, son centros de malaria. “No hay inmunización para la malaria, y en una región endémica, una persona puede contaminarse fácilmente diez veces en un período corto de tiempo”.

“Solo controlaremos la malaria fortaleciendo el sistema de salud y vigilancia”, agregó Siqueira. “Hoy, se crean puestos de prueba en comunidades ribereñas o regiones con brotes, pero poco después de la reducción de casos estas unidades se cierran. Deberíamos mantener estos sistemas funcionando”.

Según Greenpeace, entre enero y abril de 2020 la deforestación debido a la minería en estas áreas casi se duplicó con respecto al mismo período del año pasado, ascendiendo a 879,8 hectáreas, o el equivalente a 800 campos de fútbol.

Una de las áreas protegidas afectadas es el Parque Nacional Río Novo, ubicado entre los municipios de Itaituba y Jacareacanga. Esta área está designada para protección total bajo el Sistema Nacional de Unidades de Conservación (SNUC) de Brasil. Pero Amazonía Minada ha registrado 154 slicitudes para minar allí. Al igual que en las reservas indígenas, el oro también es el principal objetivo aquí, citado en el 90 % de las solicitudes presentadas a la Agencia Nacional de Minería.

Si bien la Constitución prohíbe la minería en tierras indígenas, esto puede anularse con la autorización del Congreso. En el año ha habido un torrente de nuevas aplicaciones mineras, 145 en territorios indígenas de la Amazonía, el número más alto en 24 años.



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