Controversia generó en Chile la aprobación de un proyecto minero frente a la reserva natural Pingüino de Humboldt, archipiélago ubicado entre las regiones de Atacama y Coquimbo y que se destaca por ser reconocido como “lugar de esperanza” para los océanos del mundo. La reserva concentra el 80 % de la población mundial de pingüinos de Humboldt y cuenta con una gran presencia de ballenas azul, fin y jorobada, orcas, delfines, lobos marinos y chungungos.

DAÑOS IRREVERSIBLES AL ECOSISTEMA

El proyecto pertenece a la empresa Andes Iron y contempla la construcción de dos minas para la extracción de concentrados de hierro y cobre, y un megapuerto en la comuna de La Higuera para exportar su producción.  Parlamentarios, agrupaciones sociales locales y personas a nivel nacional han manifestado sus críticas a la iniciativa, ya que argumentan que significaría daños irreversibles para el ecosistema de la zona.

Según Ezio Costa, director ejecutivo de la ONG Fima, “se quiere instalar en un lugar frágil, donde hay especies que tienen la mayoría de su población como el pingüino de Humboldt o varios tipos de ballenas. También afecta a las personas que viven de ese medio ambiente, que actualmente está operando de forma armónica. Los impactos, a nuestro juicio, son mayores a cualquier beneficio que se pueda obtener”.

Por su parte, desde la organización conservacionista Oceana, su directora ejecutiva Liesbeth van der Meer declaró: “Este proyecto tuvo cinco oportunidades durante la evaluación ambiental para mejorarlo y ahora se le vuelve a dar más chances. Estamos hablando de un lugar que es un hotspot de biodiversidad reconocido por la ciencia y que, como tal, es incompatible con actividades de alto impacto, como son las dos minas a rajo abierto y el megapuerto. No se entiende que, tras más de ocho años desde que se inició la tramitación de este proyecto, aún se evalúe destruir el Archipiélago de Humboldt en vez de protegerlo”.

Nancy Duman, desde la Alianza Humboldt, alegó que los impactos del proyecto serán irreversibles en la bahía y en el acuífero milenario de la Quebrada de los Choros pero que también afectaría la economía local que ha logrado ser sustentable, reemplazando unos dos mil puestos de trabajo de las áreas de manejo, a los operadores turísticos y los pequeños productores de aceitunas.

SENADORES Y REPRESENTANTES SOCIALES PRESENTARÁN RECURSO DE PROTECCIÓN

Los senadores nacionales Guido Girardi, Ximena Órdenes y Rabindranath Quinteros, presidentes de las comisiones de Salud, Medio Ambiente y de Pesca de la cámara alta, junto parlamentarios locales y representantes del mundo científico, académico y conservacionista anunciaron que presentarán un recurso de protección contra el proyecto Dominga. Pedirán que se declare esa zona como Área Marina Protegida y llaman a la comunidad a estar atenta.

Según Girardi, “el proyecto es ilegal porque nunca hicieron el Estudio de Impacto Ambiental sobre el ecosistema marino y se aprobó de manera fraudulenta, a pesar de la oposición de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), cuyos argumentos no fueron considerados por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que son los mismos por los que fue rechazado en 2017”.

“La lamentable decisión del Tribunal Ambiental de Antofagasta –revivir el proyecto– pone en tela de juicio el rol que va a tener esa institución en el país. Pero mucho más grave es el tongo cometido por la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, donde hasta el secretario regional ministerial de Agricultura vota a favor, pese a que el informe de su ente técnico (Conaf) es contrario al proyecto, lo que da cuenta del lobby del Gobierno”, agregó.

AMIGOS DEL PRESIDENTE

El proyecto minero-portuario Dominga pertenece al empresario Carlos Alberto Délano, amigo del presidente Sebastián Piñera y que fue condenado a clases de ética por delitos tributarios reiterados. Según el senador Girardi “se está aprobando (el proyecto) solo por amiguismo y en ninguna parte del mundo se permitiría que avanzara. Menos en el contexto que vive la humanidad hoy”.

La iniciativa fue aprobada el pasado miércoles 11 de agosto por once votos contra uno en la Comisión de Evaluación Ambiental. Se trató de su segunda revisión, luego de que fuera rechazada en 2017.