Controversia generó en Chile
la aprobación de un proyecto minero frente a la reserva natural Pingüino de
Humboldt, archipiélago ubicado entre las regiones de Atacama y Coquimbo y que
se destaca por ser reconocido como “lugar de esperanza” para los océanos del
mundo. La reserva concentra el 80 % de la población mundial de pingüinos de
Humboldt y cuenta con una gran presencia de ballenas azul, fin y jorobada,
orcas, delfines, lobos marinos y chungungos.
DAÑOS IRREVERSIBLES AL ECOSISTEMA
El proyecto pertenece a la
empresa Andes Iron y contempla la construcción de dos minas para la extracción
de concentrados de hierro y cobre, y un megapuerto en la comuna de La Higuera para
exportar su producción. Parlamentarios,
agrupaciones sociales locales y personas a nivel nacional han manifestado sus
críticas a la iniciativa, ya que argumentan que significaría daños
irreversibles para el ecosistema de la zona.
Según Ezio Costa, director
ejecutivo de la ONG Fima, “se quiere instalar en un lugar frágil, donde hay
especies que tienen la mayoría de su población como el pingüino de Humboldt o
varios tipos de ballenas. También afecta a las personas que viven de ese medio
ambiente, que actualmente está operando de forma armónica. Los impactos, a
nuestro juicio, son mayores a cualquier beneficio que se pueda obtener”.
Por su parte, desde la
organización conservacionista Oceana, su directora ejecutiva Liesbeth van der
Meer declaró: “Este proyecto tuvo cinco oportunidades durante la evaluación
ambiental para mejorarlo y ahora se le vuelve a dar más chances. Estamos
hablando de un lugar que es un hotspot de biodiversidad reconocido por la
ciencia y que, como tal, es incompatible con actividades de alto impacto, como
son las dos minas a rajo abierto y el megapuerto. No se entiende que, tras más
de ocho años desde que se inició la tramitación de este proyecto, aún se evalúe
destruir el Archipiélago de Humboldt en vez de protegerlo”.
Nancy Duman, desde la Alianza
Humboldt, alegó que los impactos del proyecto serán irreversibles en la bahía y
en el acuífero milenario de la Quebrada de los Choros pero que también
afectaría la economía local que ha logrado ser sustentable, reemplazando unos
dos mil puestos de trabajo de las áreas de manejo, a los operadores turísticos
y los pequeños productores de aceitunas.
SENADORES Y REPRESENTANTES
SOCIALES PRESENTARÁN RECURSO DE PROTECCIÓN
Los senadores nacionales Guido
Girardi, Ximena Órdenes y Rabindranath Quinteros, presidentes de las comisiones
de Salud, Medio Ambiente y de Pesca de la cámara alta, junto parlamentarios
locales y representantes del mundo científico, académico y conservacionista
anunciaron que presentarán un recurso de protección contra el proyecto Dominga.
Pedirán que se declare esa zona como Área Marina Protegida y llaman a la
comunidad a estar atenta.
Según Girardi, “el proyecto es
ilegal porque nunca hicieron el Estudio de Impacto Ambiental sobre el
ecosistema marino y se aprobó de manera fraudulenta, a pesar de la oposición de
la Corporación Nacional Forestal (Conaf), cuyos argumentos no fueron
considerados por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que son los mismos
por los que fue rechazado en 2017”.
“La lamentable decisión del Tribunal
Ambiental de Antofagasta –revivir el proyecto– pone en tela de juicio el rol
que va a tener esa institución en el país. Pero mucho más grave es el tongo
cometido por la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, donde hasta el secretario
regional ministerial de Agricultura vota a favor, pese a que el informe de su
ente técnico (Conaf) es contrario al proyecto, lo que da cuenta del lobby del
Gobierno”, agregó.
AMIGOS DEL PRESIDENTE
El proyecto minero-portuario Dominga pertenece al empresario Carlos Alberto Délano, amigo del presidente Sebastián Piñera y que fue condenado a clases de ética por delitos tributarios reiterados. Según el senador Girardi “se está aprobando (el proyecto) solo por amiguismo y en ninguna parte del mundo se permitiría que avanzara. Menos en el contexto que vive la humanidad hoy”.
La iniciativa fue aprobada el pasado miércoles 11 de agosto por once votos contra uno en la Comisión de Evaluación Ambiental. Se trató de su segunda revisión, luego de que fuera rechazada en 2017.