El 33% de los agroquímicos utilizados en Argentina es considerado “altamente peligroso”
El 33% de los agroquímicos utilizados en Argentina es considerado “altamente peligroso” por la OMS.
Contaminan los recursos naturales y producen muertes silenciosas
El 10 de febrero, la revista ScienceDirect publicó los resultados de una investigación que relacionaba la exposición a herbicidas con glifosato con un aumento del 41% en la probabilidad de desarrollar linfoma no Hodgkin (LNH).
“Hoy podés comprar plaguicidas en una ferretería, en lugares donde venden alimentos para mascotas, incluso en los supermercados. Tenemos una venta muy flexibilizada y la gente hace uso de ellos sin conciencia de los efectos”, comenta el Ing. Agr. Javier Souza Casadinho, docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y presidente de Red de Acción en Plaguicidas de América latina (Rapal) que nuclea a instituciones, asociaciones y universidades de 11 países de la región que investigan, capacitan y denuncian los efectos nocivos de estos productos en la salud socioambiental.
“Está tan naturalizado el acceso y uso de los plaguicidas que también en forma cotidiana se utilizan en las plazas, sobre los animales y hasta en el pelo de los niños con los piojicidas”, agrega Souza Casadinho.
El ingeniero publicó recientemente una investigación sobre el uso en Argentina de plaguicidas altamente peligrosos. El informe indica que 107 productos que se usan en el país están prohibidos o no autorizados en el resto del mundo. Y de ese total, 36 -es decir el 33%- son plaguicidas altamente peligrosos (PAP) según los criterios establecidos por la OMS y la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO).
Entre los plaguicidas fuertemente dañinos se encuentra los herbicidas a base de “Atrazina”, vedados en otras regiones del mundo por su peligrosidad y posibilidad de generar deterioros crónicos en la salud de las personas. También el “Paraquat”, aplicado tanto en el cultivo del tabaco como en el de hortalizas.
Políticas estatales que se resisten
Souza Casadinho trabaja hace más de 33 años con productores rurales y cuenta que para muchos de ellos está muy instalada la idea de que “pueden manejar” a los agrotóxicos. “Hay una especie de resistencia. Sobre todo en las producciones más extensivas, muchas veces el productor no vive en el predio y entonces ni siquiera toma dimensión de lo que está pasando y naturaliza el uso de plaguicidas”, explica el ingeniero agrónomo.
Lamentablemente en muchos casos las personas expuestas a estos agroquímicos “no toman conciencia porque usan los productos hace mucho tiempo”, otros, aunque lo sepan, argumentan que no tienen más opción porque es el único trabajo al que pueden acceder. Otros acusan de “fatalistas” a quienes les dicen que el contacto continuo con estos químicos afecta la salud. “Existe un desconocimiento social sobre las características de los plaguicidas y sus grados de toxicidad. El trabajo pasa por sensibilizar y que el Estado tome decisiones a favor de la salud de las personas”, indica el presidente de Rapal.
“Se naturaliza lo que no es natural”
“Después está la naturalización de algo que no es natural. En Misiones, por ejemplo, se naturaliza que una familia, a su vez, naturalice que de tantos hijos uno va a tener una discapacidad. Se naturaliza que las mujeres, en zonas expuestas a fumigaciones, tengan abortos espontáneos, se naturaliza también que una persona se muera joven”, precisa el docente de la UBA y agrega: “Se naturaliza lo que no es natural y eso es lo que indigna”.
Son muchos los motivos por los cuales se llegó a esta situación; por un lado, el incremento de la dependencia de los plaguicidas junto con la expansión de los monocultivos y en este contexto del sistema establecido, Argentina ocupa el tercer lugar en el mundo respecto a la utilización de semillas transgénicas. Por otro lado, tiene que ver con situaciones en las cuales se va creando dependencia de los químicos “que permearon tanto en la soja, el tabaco y también en los árboles frutales y las hortalizas”, dice Souza Casadinho. Sumado a la falta de regulación sobre plaguicidas, que en otros lados están prohibidos, está la inacción de implementar políticas de Estado que antepongan la salud de las personas sobre el lucro.
¿Es una confabulación ecologista para atacar al campo?
¿O hay una crisis en un modelo de producción altamente insustentable que decuplicó en una década los volúmenes de pesticidas para sostener cierto nivel de productividad?
Esa crisis revela algunas cosas:
-El glifosato, plaguicida añadido al modelo sojero por Monsanto, no es el agua bendita que decía ser: la justicia de Estados Unidos lo condenó ya tres veces en los últimos años, sentenció a la semillera multinacional por falsear los informes sobre su presunta condición inocua y la propia Organización Mundial de la Salud lo declaró "potencial cancerígeno".
-Lo que hoy se revela en términos de catástrofe de salud pública no es una cuestión de "mala praxis" (un productor que se pasa de dosis), sino las consecuencias de las aplicaciones sucesivas dentro de parámetros "legales" que se vuelven ilegítimos al poner en riesgo a la población. La normativa siempre se rehusó a medir los efectos de la cronicidad de los venenos agrícolas; es decir, no una intoxicación puntual, que todos sabemos qué produce, sino los efectos de una exposición permanente a los agroquímicos.
El gobierno de Chubut promulgó una ley que prohíbe el glifosato
La norma había sido aprobada de manera unánime por la Legislatura provincial el 16 de mayo. En concreto, la ley prohíbe en todo el territorio de la provincia la "importación, introducción, tenencia con fines de comercialización, fabricación, fraccionamiento, distribución, transporte y aplicación del herbicida glifosato en todas sus variantes. Como así también se prohíben todos los productos que tengan como base o principio activo el glifosato".
Si bien Chubut se convirtió en pionera en el plano provincial, no es la primera jurisdicción que toma pasos en este sentido. Las anteriores ciudades argentinas que habían prohibido el agroquímico habían sido las patagónicas Bariloche (2010), El Bolsón (2015), Cholila (2015), Lago Puelo (2015) y Epuyén (2015), así como Montecarlo en Misiones (2015, luego revertida), General Alvear en Mendoza (2017) y ciudades más cerca del núcleo sojero como Rosario (2017), Rincón (2018), ambas de Santa Fe, y las entrerrianas Paraná (luego vetada) y Concordia. La provincia de San Luis tiene una disposición similar.
En ciudades del sur de Córdoba
Donde no hay otro aporte "contaminante" que el campo, hay estudios que revelan tasas de muertes por tumores que triplican el promedio nacional.
En Pergamino
Se suceden casos de malformaciones e intoxicaciones y una pericia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación declara que el agua de tres barrios de esa ciudad inmersa en el océano de la soja no es apta para consumo humano por la cantidad de plaguicidas que lleva disueltos.
En Entre Ríos
La Justicia rechazó una decisión del gobierno provincial de autorizar las fumigaciones a cien metros de las escuelas y fijó límites de mil o tres mil metros, si se trata de fumigaciones terrestres o aéreas. Para eso, debió ocurrir que varias escuelas resultaran evacuadas y sus alumnos intoxicados luego de sucesivas aplicaciones de veneno. Eso sí: sobre las granjas de pollos no se pueden fumigar.
El municipio de la ciudad argentina de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos cerca del río Uruguay, aprobó una ordenanza que prohíbe el uso, la venta y la comercialización del herbicida glifosato —clave para la soja transgénica— en las 33.000 hectáreas que están bajo su jurisdicción en 2018.
