Ambiente

EL NEGOCIO MILLONARIO DE LA BASURA PETROLERA EN VACA MUERTA

15 de Abril del 2021 | 2 min lectura| RobertoAndrés
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La Asociación de Abogados Ambientalistas se reunión con el Fiscal de Delitos Ambientales a propósito de la denuncia contra la Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales S.A. (COMARSA), cuyos residuos “se están acumulando a niveles escandalosamente peligrosos” en plantas mal equipadas y muy cercanas a la población.

Por Roberto Andrés para Sustentartv

En diciembre la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas presentó una denuncia penal ante la justicia neuquina, según la cual los residuos del fracking petrolero de Vaca Muerta “se están acumulando a niveles escandalosamente peligrosos” en plantas de tratamiento muy mal equipadas y a escasos metros de la población. Este 11 de abril su equipo legal se reunió con el fiscal de Delitos Ambientales del Ministerio Público de la Acusación de Neuquén, Maximiliano Breide Obeid, para exigir que avance la investigación contra empresas y funcionarios.

DENUNCIA CONTRA COMARSA

El negocio millonario de los basurales petroleros en Vaca Muerta tiene como protagonista a la Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales S.A. (COMARSA), que cuenta con plantas de tratamiento en Neuquén y Añelo. La empresa es denunciada por acumular residuos peligrosos, pero la acción penal también apunta contra YPF, SHELL, CHEVRON, entre otras, y contra funcionarios públicos del Gobierno provincial.

Se trataría de 401.000 m³ de desechos sin tratar, equivalentes a 44 hectáreas de un metro de altura. Según la asociación de abogados, “las plantas no cuentan siquiera con la capacidad técnica necesaria para el tratamiento de los residuos petroleros, como hornos de tratamiento térmico”. Solo juntan los residuos, “ya sea en piletones improvisados, construidos sin impermeabilización necesaria”, o los mezclan “con suelos no contaminados, generando más y más residuos peligrosos (una práctica conocida como ‘pastoneo’). Todo esto es ilegal”, reclaman.

Rafael Colombo, letrado que presentó la denuncia junto a Enrique Viale y Agustín Sánchez Mendoza, señaló en ese momento que “los basurales petroleros de Vaca Muerta son el resultado de una serie de maniobras que forman parte de una connivencia entre empresas y autoridades estatales para negociados millonarios, sacrificando territorios y poniendo en riesgo la salud humana de vecinos, vecinas y comunidades”.

GARANTÍAS FISCALES PARA CONTAMINAR

La planta de COMARSA del Parque Industrial de Neuquén se encuentra ubicada a 25 metros de viviendas, a 500 metros de un barrio muy poblado y a 50 cuadras del mismísimo centro de la ciudad. Aquí hay acopiados 300.000 metros cúbicos (300 millones de litros/kilos) de recortes de perforación, lo que equivale a 33 manzanas urbanas de un metro de altura.

Según informa la asociación, la empresa ha venido acumulando ilegalmente recortes petroleros desde 2008 en su planta de Neuquén.

Aunque en 2015 se sancionó un decreto (2263/15) para cerrarla, no sólo se le permitió seguir operando, sino que se le cedieron tierras fiscales para ampliar el predio y se le permitió aumentar el acopio pasando de tener 224.000 metros cúbicos de residuos a los 300.000 que tiene en la actualidad.

Vecinos de Casimiro Gómez han declarado que “vivir casi pegados al paredón de COMARSA es totalmente sofocante”. Según indican, el viento traslada el mal olor que se siente “como si fuera a gasoil”, impregnando la ropa, la nariz y secando la garganta. “Sentís el aire muy denso, muy pesado”, reclamaron. La remoción de escombros para su ventilación es todos los días desde las ocho de la mañana a las tres de la tarde.

Colombo declaró recientemente que la solicitud de la audiencia con Breide Obeid, tuvo como fin “reafirmar los hechos denunciados y conocer los avances que forman parte de la investigación criminal preparatoria. Entendemos que el fiscal a cargo, como titular de la acusación pública, tiene una responsabilidad primaria, en cuanto a liderar y profundizar la indagación acerca de las responsabilidades penales existentes”.

Ante la propuesta del Ministerio Público de reunir a las partes en una mesa de diálogo, los abogados denunciantes expresaron su negativa a sentarse junto a quienes consideran como responsables penales de delitos en curso de ejecución, en el marco de lo que describen como “uno de los casos de contaminación ambiental y daño a la salud humana más aberrantes de la historia argentina reciente”.

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