El negocio millonario de la basura petrolera en Vaca Muerta
La Asociación de Abogados Ambientalistas
se reunión con el Fiscal de Delitos Ambientales a propósito de la denuncia
contra la Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales S.A. (COMARSA), cuyos
residuos “se están acumulando a niveles escandalosamente peligrosos” en plantas
mal equipadas y muy cercanas a la población.
Por Roberto Andrés para
Sustentartv
En diciembre la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas presentó una denuncia penal ante la justicia neuquina, según la cual los residuos del fracking petrolero de Vaca Muerta “se están acumulando a niveles escandalosamente peligrosos” en plantas de tratamiento muy mal equipadas y a escasos metros de la población. Este 11 de abril su equipo legal se reunió con el fiscal de Delitos Ambientales del Ministerio Público de la Acusación de Neuquén, Maximiliano Breide Obeid, para exigir que avance la investigación contra empresas y funcionarios.
DENUNCIA CONTRA COMARSA
El negocio millonario de los
basurales petroleros en Vaca Muerta tiene como protagonista a la Compañía de
Saneamiento y Recuperación de Materiales S.A. (COMARSA), que cuenta con plantas
de tratamiento en Neuquén y Añelo. La empresa es denunciada por acumular
residuos peligrosos, pero la acción penal también apunta contra YPF, SHELL,
CHEVRON, entre otras, y contra funcionarios públicos del Gobierno provincial.
Se trataría de 401.000 m³ de
desechos sin tratar, equivalentes a 44 hectáreas de un metro de altura. Según
la asociación de abogados, “las plantas no cuentan siquiera con la capacidad
técnica necesaria para el tratamiento de los residuos petroleros, como hornos
de tratamiento térmico”. Solo juntan los residuos, “ya sea en piletones
improvisados, construidos sin impermeabilización necesaria”, o los mezclan “con
suelos no contaminados, generando más y más residuos peligrosos (una práctica
conocida como ‘pastoneo’). Todo esto es ilegal”, reclaman.
Rafael Colombo, letrado que
presentó la denuncia junto a Enrique Viale y Agustín Sánchez Mendoza, señaló en
ese momento que “los basurales petroleros de Vaca Muerta son el resultado de
una serie de maniobras que forman parte de una connivencia entre empresas y
autoridades estatales para negociados millonarios, sacrificando territorios y
poniendo en riesgo la salud humana de vecinos, vecinas y comunidades”.
GARANTÍAS FISCALES PARA CONTAMINAR
La planta de COMARSA del
Parque Industrial de Neuquén se encuentra ubicada a 25 metros de viviendas, a 500
metros de un barrio muy poblado y a 50 cuadras del mismísimo centro de la
ciudad. Aquí hay acopiados 300.000 metros cúbicos (300 millones de
litros/kilos) de recortes de perforación, lo que equivale a 33 manzanas urbanas
de un metro de altura.
Según informa la asociación, la empresa ha venido acumulando ilegalmente recortes petroleros desde 2008 en su planta de Neuquén.
Aunque en 2015 se sancionó un decreto (2263/15) para
cerrarla, no sólo se le permitió seguir operando, sino que se le cedieron tierras
fiscales para ampliar el predio y se le permitió aumentar el acopio pasando de
tener 224.000 metros cúbicos de residuos a los 300.000 que tiene en la
actualidad.
Vecinos de Casimiro Gómez han
declarado que “vivir casi pegados al paredón de COMARSA es totalmente
sofocante”. Según indican, el viento traslada el mal olor que se siente “como
si fuera a gasoil”, impregnando la ropa, la nariz y secando la garganta. “Sentís
el aire muy denso, muy pesado”, reclamaron. La remoción de escombros para su
ventilación es todos los días desde las ocho de la mañana a las tres de la
tarde.
Colombo declaró recientemente
que la solicitud de la audiencia con Breide Obeid, tuvo como fin “reafirmar los
hechos denunciados y conocer los avances que forman parte de la investigación
criminal preparatoria. Entendemos que el fiscal a cargo, como titular de la
acusación pública, tiene una responsabilidad primaria, en cuanto a liderar y
profundizar la indagación acerca de las responsabilidades penales existentes”.
Ante la propuesta del
Ministerio Público de reunir a las partes en una mesa de diálogo, los abogados
denunciantes expresaron su negativa a sentarse junto a quienes consideran como
responsables penales de delitos en curso de ejecución, en el marco de lo que
describen como “uno de los casos de contaminación ambiental y daño a la salud
humana más aberrantes de la historia argentina reciente”.