Ambiente

LA DEFORESTACIÓN EN EL NORTE ARGENTINO EQUIVALE A CINCO CIUDADES DE BUENOS AIRES

06 de Febrero del 2022 | 2 min lectura| Roberto Andres
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Argentina está en emergencia forestal. Según el informe anual de Greenpeace sobre desmontes, en 2021 el norte del país perdió 110 180 hectáreas de bosque nativo, una superficie equivalente a cinco veces la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santiago del Estero encabeza el ranking. Le siguen Salta, Chaco y Formosa. El documento, elaborado a partir de la comparación de imágenes satelitales, dispara las alarmas por el grave contexto climático.

PARA GANADERÍA Y MONOCULTIVOS

Esta vez, Santiago del Estero desplazó a Chaco como la provincia que más bosques perdió, con 52 290 hectáreas menos, mayormente en la categoría II de protección –la amarilla–. Casi la mitad de los desmontes del norte ocurrieron allí, y más del 80 % fueron ilegales para fines de ganadería y monocultivos como la soja transgénica. En Formosa desmontaron 29 165 hectáreas, incluida una propuesta de corredor de protección para el yaguareté, que necesita cerca cuarenta mil hectáreas continuas de bosque para sobrevivir.

La Justicia de Chaco suspendió los desmontes en octubre de 2020, pero nunca dejaron de hacerse: 18 068 hectáreas fueron arrasadas de forma ilegal, incluso en zonas donde está prohibido según el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), que la provincia tiene vencido desde 2014. Salta, por su parte, perdió 10 657 hectáreas de bosques nativos de quebrachos y algarrobos, incluidas setenta y cinco de un área protegida lindera a la reserva nacional Pizarro.

Además de las autorizaciones por parte de los Gobiernos norteños en áreas forestales donde está prohibido, Greenpeace cuestiona la ineficacia de las multas y reclama la penalización de la destrucción de bosques. “Resulta evidente que las multas no son suficientes para desalentar desmontes e incendios forestales”, destaca Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de la organización ecologista. Además, se queja de que los responsables rara vez son obligados a reforestar y cuentan con la complicidad de funcionarios.

Giardini se mostró preocupado por “el aumento de los desmontes ilegales”, agravados por la combinación de emergencia sanitaria, climática y de biodiversidad. “Más deforestación significa más cambio climático, más inundaciones, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, más desaparición de especies en peligro de extinción y más enfermedades; un verdadero ecocidio”, advirtió.

EXTENSIÓN DE LA FRONTRA AGROPECUARIA E INCENDIOS

El avance de la frontera agropecuaria y los incendios forestales son las principales causas de la pérdida de cerca de siete millones de hectáreas de bosques nativos entre 1998 y 2020, según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación. Ya en 2014 el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático dio cuenta de que un 4,3 % de la deforestación mundial se producía en Argentina, lo que hizo que en la primera década del siglo XXI el desmonte se convirtiera en la principal fuente de emisiones de dióxido de carbono (CO2) del norte del país.

En condiciones normales, los bosques nativos, antiguos y con variedad de especies autóctonas, almacenan CO2, una función clave para mitigar la crisis climática. Sin embargo, el cambio de uso del suelo para pasturas y zonas de cultivo los convierte en fuentes de emisiones.

El OTBN que realizaron las provincias tras la sanción de la ley de bosques en 2007 establece tres categorías de conservación: en dos de ellas (roja y amarilla) están expresamente prohibidos los desmontes, mientras en la tercera (verde) se puede solicitar permisos. Entre las críticas a la ley 26.331 se destaca el hecho de que provincias como Formosa, Corrientes y Buenos Aires dejaron amplias zonas forestales en esta última categoría.

Aunque, como destaca el informe de Greenpeace, desde 2014 hubo una reducción de la deforestación legal, la mayor parte de los desmontes en la actualidad suceden en áreas de protección donde no se permite. Un caso extremo es Chaco, provincia en la que aquellos fueron suspendidos por la Justicia. Además, según datos oficiales, en 2020 las superficies afectadas por incendios y deforestación fueron similares. Frente a esta alarmante situación, Greenpeace insiste con la prohibición urgente y la penalización de estas prácticas destructivas.

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