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LEY DEL CLIMA EN ESPAÑA PROHÍBE EL FRACKING Y LA MINERÍA DE URANIO

14 de Mayo del 2021 | 2 min lectura| RobertoAndrés
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Luego de dos años de desarrollo y debate, España finalmente aprobó este jueves su Ley de Cambio Climático y Transición Energética, norma a través de la cual el país se compromete a reducir sus emisiones en al menos un 23 % para 2030 respecto de 1990, con revisiones periódicas (la primera en 2023) para aumentar la ambición. El país también se compromete a aumentar su capacidad energética renovable a un 42 % para 2030 y a llevar la electricidad limpia a 74 % para 2030 y 100 % para 2050.

FRACKING Y URANIO EN LA MIRA

Entre los puntos destacables de la nueva normativa se encuentra la prohibición del fracking petrolero (una técnica extractiva ampliamente cuestionada a nivel mundial), además de la exploración de nuevos combustibles fósiles en territorio español.

“A partir de la entrada en vigor de esta ley, no se otorgarán nuevas autorizaciones para realizar en el territorio nacional, incluido el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental, cualquier actividad para la explotación de hidrocarburos en la que esté prevista la utilización de la fracturación hidráulica de alto volumen”, indica la nueva ley.

Otra prohibición importante es la de la minería de uranio, cuyos materiales residuales tienen la consideración de residuos radiactivos: “Tampoco se otorgarán nuevos permisos de exploración, de investigación o concesiones de explotación de minerales radiactivos, ni se admitirán nuevas solicitudes de autorización de instalaciones radiactivas”.

PARA GREENPEACE NO ES SUFICIENTE

A su vez, España será el primer país que exija a las empresas planes de acción climática con objetivos de reducción de emisiones a cinco años. La ley también mantiene en una transición energética justa que no deje a nadie atrás, con estrategias que deben elaborarse y actualizarse cada cinco años.

Si bien el Gobierno confía que la norma está alineada con el Acuerdo de París y el objetivo revisado de la Unión Europea de reducir en “al menos el 55 %” las emisiones de carbono hacia 2030, algunas ONG consideran que esta no es suficientemente ambiciosa.

Es el caso de Greenpeace, quien señaló: “El objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (que la ley marca en un 23 % para 2030 respecto a 1990), es un objetivo insuficiente para luchar de forma decidida contra la emergencia climática. Para garantizar que España cumple lo que le corresponde para contribuir a limitar el calentamiento global a 1.5° C el objetivo debería haberse elevado hasta al menos un 55 %”.

“Aunque ha recibido críticas por su falta de ambición, y es cierto que tiene aún un amplio margen de mejora, esta ley sienta unas bases para poder hacer frente a la emergencia climática en los próximos años”, destacaron varias organizaciones involucradas en su elaboración, como Climate Strategy, ECODES, el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, la Fundación Renovables, SEO/BirdLife y Transport & Environment.

“Puede considerarse como un aceptable punto de partida en el largo camino que queda por delante para alcanzar la descarbonización plena de nuestra economía antes de 2050”, destacaron.

SIN PERSPECTIVAS PARA EL TRANSPORTE

En este sector la principal crítica vino de Transport & Environment. Carlos Bravo, portavoz de la organización que promueve el transporte sostenible, declaró que “pese a que el sector transporte es el que más contribuye al cambio climático en España”, esta nueva Ley del Clima “no ha dado a este sector la importancia debida”.

“No hay mención alguna a la movilidad cero emisiones en el transporte pesado de mercancías ni una apuesta decidida por los combustibles cero emisiones en el transporte marítimo. Un grave error de la ley es abrir la puerta al uso de electro combustibles en el transporte por carretera, por ser ésta una opción muy ineficiente y costosa”, critica Bravo.

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