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LEY YOLANDA PARA LA CAPACITACIÓN AMBIENTAL OBLIGATORIA DE FUNCIONARIOS

14 de Noviembre del 2020 | 2 min lectura| escritores
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El proyecto, que fue aprobado por la Comisión de Recursos Naturales y será tratado en la de Presupuesto y Hacienda, busca garantizar “una capacitación obligatoria en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático”.

Por Roberto Andrés para Sustentartv

El pasado 6 de noviembre la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano aprobó un proyecto con media sanción que establece la formación integral en ambiente para las personas que se desempeñen en la función pública. Ahora deberá ser tratado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

La “Ley de capacitación obligatoria en el adecuado manejo y cuidado del ambiente para todas las personas que integran los tres poderes del Estado nacional”, que ha pasado a ser conocida también como “Ley Yolanda” en homenaje a la primera secretaria de Ambiente de la Nación, busca garantizar “una capacitación obligatoria en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático”.

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Carolina Cortés, de la agrupación Jóvenes por el Clima, se refirió durante la presentación en la Comisión a “la importancia de abordar la crisis climática, implementando medidas públicas de adaptación y mitigación”. “Es imprescindible educar y formar a quienes nos representan y ejercen un cargo que los habilita a tomar decisiones, cuya perspectiva socioambiental suele ser nula”, agregó.

Al respecto, la diputada Camila Crescimbeni (Pro) consideró que “la política ambiental tiene que ser una política de Estado, tiene que atravesarnos a todos y todas, porque si no, no hay forma de poder llegar a una justicia climática”.

Por su parte, el diputado Eduardo Fernández (Frente de Todos) también respaldó la iniciativa y consideró que “es fundamental que todo el Estado sea conocedor del ambiente, es un problema de la humanidad”.

El proyecto establece que la capacitación será obligatoria para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, quienes “deben realizar las capacitaciones en el modo y forma que establezcan los respectivos organismos en los que desempeñan sus funciones”.

Las máximas autoridades de los tres poderes del Estado, con la colaboración de sus oficinas especializados y las organizaciones sindicales correspondientes, serán las “responsables de garantizar la implementación de las capacitaciones que comenzarán a impartirse dentro del año de la entrada en vigencia de la presente ley”.

El proyecto establece que la Autoridad de Aplicación hará público un informe anual sobre “el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley, incluyendo la nómina de altas autoridades del país que se han capacitado”. A su vez, determina que “las personas que se negaren sin justa causa a realizar las capacitaciones previstas en la presente ley serán intimadas en forma fehaciente por la autoridad de aplicación a través y de conformidad con el organismo de que se trate. El incumplimiento de dicha intimación será considerado falta grave dando lugar a la sanción disciplinaria pertinente, siendo posible hacer pública la negativa a participar en la capacitación”.

En sus fundamentos, la Ley Yolanda señala que “la protección y cuidado del ambiente es un derecho de raigambre constitucional. El artículo 41 de la Constitución Nacional argentina consagra el derecho a gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, imponiendo asimismo el deber de preservarlo, ya que en caso de daño se deberá recomponer. El Estado debe proveer a su protección, a la utilización de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales”.

Yolanda Ortiz fue la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Nación, organismo creado por el presidente Perón en 1973 y disuelto por el Gobierno militar en 1976. Doctora en Química con especialización en ecología y toxicología, durante los últimos años de su vida se dedicó al asesoramiento de políticas ambientales a través de su ONG Centro Ambiental Argentino – CAMBIAR. Falleció el 22 de junio de 2019 en Buenos Aires a la edad de 96 años.

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