El proyecto, que fue
aprobado por la Comisión de Recursos Naturales y será tratado en la de
Presupuesto y Hacienda, busca garantizar “una capacitación obligatoria en
ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en
cambio climático”.
Por Roberto Andrés para
Sustentartv
El pasado 6 de noviembre la
Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano aprobó un
proyecto con media sanción que establece la formación integral en ambiente para
las personas que se desempeñen en la función pública. Ahora deberá ser tratado
en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
La “Ley de capacitación obligatoria en el adecuado manejo y cuidado del ambiente para todas las personas que integran los tres poderes del Estado nacional”, que ha pasado a ser conocida también como “Ley Yolanda” en homenaje a la primera secretaria de Ambiente de la Nación, busca garantizar “una capacitación obligatoria en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático”.
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Carolina Cortés, de la
agrupación Jóvenes por el Clima, se refirió durante la presentación en la
Comisión a “la importancia de abordar la crisis climática, implementando
medidas públicas de adaptación y mitigación”. “Es imprescindible educar y
formar a quienes nos representan y ejercen un cargo que los habilita a tomar
decisiones, cuya perspectiva socioambiental suele ser nula”, agregó.
Al respecto, la diputada
Camila Crescimbeni (Pro) consideró que “la política ambiental tiene que ser una
política de Estado, tiene que atravesarnos a todos y todas, porque si no, no
hay forma de poder llegar a una justicia climática”.
Por su parte, el diputado
Eduardo Fernández (Frente de Todos) también respaldó la iniciativa y consideró
que “es fundamental que todo el Estado sea conocedor del ambiente, es un
problema de la humanidad”.
El proyecto establece que la
capacitación será obligatoria para todas las personas que se desempeñen en la
función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial de la Nación, quienes “deben realizar las capacitaciones
en el modo y forma que establezcan los respectivos organismos en los que
desempeñan sus funciones”.
Las máximas autoridades de los
tres poderes del Estado, con la colaboración de sus oficinas especializados y
las organizaciones sindicales correspondientes, serán las “responsables de
garantizar la implementación de las capacitaciones que comenzarán a impartirse
dentro del año de la entrada en vigencia de la presente ley”.
El proyecto establece que la
Autoridad de Aplicación hará público un informe anual sobre “el cumplimiento de
lo dispuesto en la presente ley, incluyendo la nómina de altas autoridades del
país que se han capacitado”. A su vez, determina que “las personas que se
negaren sin justa causa a realizar las capacitaciones previstas en la presente
ley serán intimadas en forma fehaciente por la autoridad de aplicación a través
y de conformidad con el organismo de que se trate. El incumplimiento de dicha
intimación será considerado falta grave dando lugar a la sanción disciplinaria
pertinente, siendo posible hacer pública la negativa a participar en la
capacitación”.
En sus fundamentos, la Ley
Yolanda señala que “la protección y cuidado del ambiente es un derecho de
raigambre constitucional. El artículo 41 de la Constitución Nacional argentina
consagra el derecho a gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el
desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las
necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras,
imponiendo asimismo el deber de preservarlo, ya que en caso de daño se deberá
recomponer. El Estado debe proveer a su protección, a la utilización de los recursos
naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la
diversidad biológica, y a la información y educación ambientales”.
Yolanda Ortiz fue la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Nación, organismo creado por el presidente Perón en 1973 y disuelto por el Gobierno militar en 1976. Doctora en Química con especialización en ecología y toxicología, durante los últimos años de su vida se dedicó al asesoramiento de políticas ambientales a través de su ONG Centro Ambiental Argentino – CAMBIAR. Falleció el 22 de junio de 2019 en Buenos Aires a la edad de 96 años.
