Perú empetrolado: “Es el mayor desastre ecológico de los últimos años”
Así define el Gobierno de
Pedro Castillo el derrame de al menos seis mil barriles de petróleo ocurrido el
15 de enero en la refinería La Pampilla –operada por Repsol en Ventanilla,
provincia de Callao– cuando el fuerte oleaje tras la erupción del volcán
submarino Tonga-Hunga Ha’apai golpeó un buque de descarga. Organizaciones
ecologistas señalan la responsabilidad de la multinacional y el Gobierno por no
haber dispuesto un plan de contingencia más ofensivo para atender el desastre
en una nación con un largo historial de contaminación petrolera.
Desastre ecológico en Perú, tremendos impactos
Videos e imágenes documentan el grave impacto en playas y zona marítima en Callao y Lima: unos cincuenta kilómetros de costa peruana bañada en crudo negro, incluyendo flora y fauna de la Zona Reservada de Ancón y la reserva nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, dos áreas naturales protegidas. Días después del incidente siguen apareciendo animales muertos o empetrolados. Entre otras especies, miembros del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre debieron asistir a pingüinos de Humboldt, gaviotas, cormoranes y piqueros.
NO HUBO ALERTA DE TSUNAMI
Aunque el gran oleaje producto de la erupción en Tonga tardó dieciséis horas en llegar a Perú, Repsol se excusó en lo “imprevisible” del fenómeno. A diferencia de Chile y Ecuador, la Marina de Guerra peruana no declaró la alerta de tsunami. Sin embargo, el mismo día del derrame la refinería apenas reportó el escape de 25 litros en un espacio de apenas 2,5 metros cuadrados, minimizando el alcance real del incidente. Repsol informó recientemente que espera terminar a fines de febrero los trabajos de limpieza, que incluyen embarcaciones y cuadrillas de operarios en las costas.
Tras visitar Ventanilla, el presidente Pedro Castillo aseguró que el Gobierno sancionará a los responsables y declaró la emergencia ambiental por noventa días. “El daño ecológico en nuestro litoral es inadmisible”, publicó en Twitter. La Fiscalía de la Nación abrió una investigación para determinar si la compañía española incurrió en el delito de contaminación del ambiente, una responsabilidad que las organizaciones socioambientales peruanas consideran “objetiva”.
EXIGEN QUE SE HAGA PÚBLICO EL PLAN DE CONTINGENCIA
El Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático (Mocicc) de Perú exige que Repsol haga público su plan de contingencia y rinda cuentas por la ineficacia de sus medidas de contención. Pero también califica como “insuficientes, tardías y poco eficientes” las medidas llevadas a cabo por el Ministerio del Ambiente. “El impacto ecológico aumenta con el paso de los días”, explican.
La organización Ecologistas en Acción de España adhiere al pedido de Mocicc y agrega que “las insuficientes medidas de contención de Repsol se han cobrado ya 18 000 metros cuadrados de costa. Se han visto afectados varios ecosistemas y han hecho impracticable la pesca artesanal de la que dependen más de 500 pescadores de la zona”. Según la agrupación, la petrolera “debe responder por qué no se desplegó un plan de contingencia más equipado desde el principio, aun observando inicialmente que el vertido había sido mínimo. Como se demostró después, el oleaje podría estar ocultando la magnitud real del derrame”.
AMAZONÍA PERUANA: MÁS DE 400 DERRAMES EN 20 AÑOS
Apenas cuatro días después, tuvo lugar en la Amazonía peruana un nuevo escape de hidrocarburos en un oleoducto operado por la estatal Petroperú cerca de la comunidad nativa Nueva Alianza, en la región de Loreto, lugar de la mayoría de los pozos cuyo crudo se transporta hasta la costa del océano Pacífico. Un episodio similar ocurrió el 31 de diciembre cuando se perforó otro tramo de la misma tubería. Según el Gobierno, estos episodios son “intencionales”.
Estos nuevos desastres
petroleros en Perú se suman a los más de cuatrocientos que han afectado a la
Amazonía peruana entre 2000 y 2019. Solo en 2021 se produjeron cinco derrames
de tamaño medio (entre 7 y 700 toneladas) y uno de gran escala (más de 700
toneladas). A la luz de este historial, Mocicc insiste en “la necesidad de
asegurar una transición energética a energías limpias y dejar los combustibles
fósiles bajo tierra” para preservar los territorios y las comunidades de estos
impactos irreversibles, así como cumplir los compromisos climáticos asumidos
por el país.
