Proyecto de Ley REGU: Residuos especiales de regeneración universal
Abog. Luciana C. Lambertucci
Los altos costos del RSU
Diariamente se genera un promedio de 19.000 toneladas de residuos sólidos urbanos (RSU) en toda la Provincia de Buenos Aires, de las cuales 14.000 se disponen en el CEAMSE, 2.500 en rellenos sanitarios y/o celdas y otro tanto en basurales a cielo abierto. La gestión de esas miles de toneladas de RSU representa un alto costo, principalmente para los Municipios que deben destinar una importante porción de sus presupuestos para ello. Esta situación requiere de soluciones prácticas, sobre todo si tenemos en cuenta que aproximadamente el 38,5% de esos RSU están constituidos por materiales reciclables.
Existen diversos instrumentos legales para abordar la gestión de los residuos desde la prevención en la generación, siendo el principio de la responsabilidad extendida y compartida del productor, el más prometedor. Este principio implica el deber de cada uno de los productores de responsabilizarse objetivamente por la gestión integral y el financiamiento de los productos puestos por ellos en el mercado que devienen en residuos. De esta forma, este instrumento busca que se consideren no sólo los aspectos ambientales en la etapa de diseño del producto, sino también los impactos ocasionados al ambiente una vez finalizada su vida útil, como asimismo los daños al entorno por la presión sobre los recursos naturales utilizados como materia prima.
Objetivo del Proyecto de ley
En la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires existe para su tratamiento, un proyecto de ley -Expediente PE N° 11/21-22-, enviado este año por el Poder Ejecutivo Provincial, el cual tiene por objeto establecer los lineamientos básicos para la gestión integral, sustentable e inclusiva de los residuos especiales de generación universal (REGU), envases, embalajes y otros materiales reciclables en el territorio de la Provincia, estableciéndose el principio de la responsabilidad extendida y compartida del productor. Este proyecto alcanza, a modo enunciativo en su Anexo Único, a todo aquel residuo cuya generación devenga del consumo masivo y que, por sus consecuencias ambientales o características de peligrosidad, requiera de una gestión ambientalmente adecuada y diferenciada de otros residuos: envases y embalajes, aceites vegetales usados, aceites minerales usados, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, pilas y baterías portátiles, cartuchos y toners, productos durables de plástico, vehículos fuera de uso, entre otros.
Argentina muchas veces ha intentado implementar políticas asociadas a este tipo de residuos con resultados infructuosos, por lo que iniciativas como estas marcan un hito ya que, como se sostuvo desde el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS): "por primera vez se impulsan mejoras ambientales a partir de regular los ciclos de vida completos de los productos".
Tal como puntualizó OPDS, la nueva legislación tendrá un impacto positivo en los 135 municipios de la Provincia “al disminuir el ingreso de residuos a los rellenos sanitarios, [esperándose también] que beneficie al sector industrial al reutilizarlos en nuevos insumos en el reemplazo de insumos de la importación".
Si bien resultaría pertinente la existencia de normativa nacional que establezca las directrices en la materia, es de ponderarse el impulso de propuestas diferenciadas para esta clase de residuos caracterizados por su masividad, impacto y complejidad.
