Ambiente

VACÍOS Y DEBILIDADES DE LA POLÍTICA CLIMÁTICA ARGENTINA

25 de Abril del 2021 | 2 min lectura| RobertoAndrés
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A la fecha, Argentina cuenta con doce leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental. Sin embargo, a excepción de la Ley N° 27.520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global, la mención explícita a este problema resulta difícil de encontrar. A esto hay que sumar que son escasos los espacios de gobernanza en la legislación ambiental nacional y hay severas dificultades para la obtención de fondos propios que permitan cumplir con los diversos objetivos plasmados en las normas. Sólo cinco leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental cuentan con una fuente directa de financiamiento. Aún en esos casos los fondos asignados resultan insuficientes para el cumplimiento de los objetivos establecidos.

Estas problemáticas son la abordadas por los investigadores de Argentina 1.5°, un equipo que promueve la elaboración de herramientas para la transparencia y el monitoreo de los esfuerzos nacionales frente al cambio climático. Para conseguir este objetivo, sus abogados Agustina Cundari, Marlene Diedrich y Mariano Villares han publicado el Informe de Política N° 3 “Cambio Climático en las leyes de presupuestos mínimos ambientales: herramientas de mitigación y adaptación, gobernanza y financiamiento”, en donde sugieren que los legisladores fortalezcan las tres temáticas analizadas a la hora de sancionar nuevas normas ambientales.

HERRAMIENTAS PARA LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Salvo la Ley de Cambio Climático y la Ley de Bosques, la legislación ambiental no hace referencia explícita a herramientas de mitigación de gases de efecto invernadero o adaptación, aunque en algunos casos aluden a dichas medidas. Según Argentina 1.5°, es necesario “integrar el concepto de cambio climático a nivel general y en particular el establecimiento de herramientas de mitigación de gases de efecto invernadero y para la adaptación al cambio climático. Para ello se debe tener en especial consideración al Plan Nacional de Adaptación y Mitigación vigente, los Planes de Respuesta subnacionales y la Contribución Determinada a Nivel Nacional presentada dentro del marco del Acuerdo de París”.

GOBERNANZA PARA LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

La mayoría de estas las leyes establecen la articulación nacional y subnacional a través de las diversas comisiones específicas creadas para la temática dentro del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). En el caso de la Ley N° 27.520, esta crea el Gabinete Nacional de Cambio Climático, que implementa una gobernanza a tres niveles: nacional, subnacional y los actores interesados (sociedad civil, académicos, grupos de investigación, entre otros). Asimismo, el Gabinete se encuentra asistido por el Consejo Asesor Externo y la Comisión Técnica Administrativa.

Según Argentina 1.5°, “resulta necesario fomentar espacios de este tipo a nivel nacional, con el objetivo de facilitar la participación de los actores interesados en el desarrollo y la implementación de políticas ambientales. En esa misma sintonía, sería interesante considerar una modificación en la estructura del COFEMA, con el objetivo de incorporar una comisión participativa donde puedan asistir todos los actores interesados y aportar a la construcción de la política ambiental”.

FINANCIAMIENTO PARA LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

De las doce leyes solo tres regulan la creación de un fondo para cumplir con sus objetivos: la Ley General de Ambiente, la Ley de Bosques Nativos y la Ley de Manejo del Fuego. Sin embargo, sólo en los dos últimos casos los fondos se encuentran en funcionamiento, y en el caso específico del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, desde que fue constituido en el año 2009 nunca contó con los montos mínimos establecidos por la ley.

Otras formas de financiamiento se encuentran en la Ley de Glaciares, con importes percibidos en concepto de multas destinados a la protección y restauración ambiental, y en el crédito presupuestario que la Administración Pública Nacional cada año incorporará para el cumplimiento de la Ley de Cambio Climático.

Según Argentina 1.5°, “los legisladores a la hora de sancionar nuevas leyes ambientales, deberían considerar que la implementación exitosa de este tipo de normas requiere del desarrollo y ejecución de una estrategia integral de financiamiento capaz de respaldar a la ley con recursos financieros. Se recomienda para ello, tomar como base la creación de fondos específicos con la posibilidad de que sean implementados a través de fideicomisos u otros instrumentos, con el objetivo que permitan asegurar un presupuesto destinado a las agencias claves para su implementación”.

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