Ley del Clima en España prohíbe el fracking y la minería de uranio
Luego de dos años de desarrollo y debate,
España finalmente aprobó este jueves su Ley de Cambio Climático y Transición Energética, norma
a través de la cual el país se compromete a reducir sus emisiones en al menos
un 23 % para 2030 respecto de 1990, con revisiones periódicas (la primera en
2023) para aumentar la ambición. El país también se compromete a aumentar su
capacidad energética renovable a un 42 % para 2030 y a llevar la electricidad
limpia a 74 % para 2030 y 100 % para 2050.
FRACKING Y URANIO EN LA MIRA
Entre los puntos destacables
de la nueva normativa se encuentra la prohibición del fracking petrolero (una
técnica extractiva ampliamente cuestionada a nivel mundial), además de la
exploración de nuevos combustibles fósiles en territorio español.
“A partir de la entrada en
vigor de esta ley, no se otorgarán nuevas autorizaciones para realizar en el
territorio nacional, incluido el mar territorial, la zona económica exclusiva y
la plataforma continental, cualquier actividad para la explotación de
hidrocarburos en la que esté prevista la utilización de la fracturación
hidráulica de alto volumen”, indica la nueva ley.
Otra prohibición importante es
la de la minería de uranio, cuyos materiales residuales tienen la consideración
de residuos radiactivos: “Tampoco se otorgarán nuevos permisos de exploración,
de investigación o concesiones de explotación de minerales radiactivos, ni se
admitirán nuevas solicitudes de autorización de instalaciones radiactivas”.
PARA GREENPEACE NO ES SUFICIENTE
A su vez, España será el
primer país que exija a las empresas planes de acción climática con objetivos
de reducción de emisiones a cinco años. La ley también mantiene en una
transición energética justa que no deje a nadie atrás, con estrategias que
deben elaborarse y actualizarse cada cinco años.
Si bien el Gobierno confía que
la norma está alineada con el Acuerdo de París y el objetivo revisado de la
Unión Europea de reducir en “al menos el 55 %” las emisiones de carbono hacia
2030, algunas ONG consideran que esta no es suficientemente ambiciosa.
Es el caso de Greenpeace,
quien señaló: “El objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero (que la ley marca en un 23 % para 2030 respecto a 1990), es un
objetivo insuficiente para luchar de forma decidida contra la emergencia
climática. Para garantizar que España cumple lo que le corresponde para
contribuir a limitar el calentamiento global a 1.5° C el objetivo debería
haberse elevado hasta al menos un 55 %”.
“Aunque ha recibido críticas
por su falta de ambición, y es cierto que tiene aún un amplio margen de mejora,
esta ley sienta unas bases para poder hacer frente a la emergencia climática en
los próximos años”, destacaron varias organizaciones involucradas en su
elaboración, como Climate Strategy, ECODES, el Instituto Internacional de
Derecho y Medio Ambiente, la Fundación Renovables, SEO/BirdLife y Transport & Environment.
“Puede considerarse como un
aceptable punto de partida en el largo camino que queda por delante para
alcanzar la descarbonización plena de nuestra economía antes de 2050”, destacaron.
SIN PERSPECTIVAS PARA EL TRANSPORTE
En este sector la principal
crítica vino de Transport & Environment. Carlos Bravo, portavoz de la
organización que promueve el transporte sostenible, declaró que “pese a que el
sector transporte es el que más contribuye al cambio climático en España”, esta
nueva Ley del Clima “no ha dado a este sector la importancia debida”.
“No hay mención alguna a la movilidad cero emisiones en el transporte pesado de mercancías ni una apuesta decidida por los combustibles cero emisiones en el transporte marítimo. Un grave error de la ley es abrir la puerta al uso de electro combustibles en el transporte por carretera, por ser ésta una opción muy ineficiente y costosa”, critica Bravo.
